En Casa Rosada aseguran que dentro del marco de la legalidad, las protestas son válidas, pero anticipan que de haber delito habrá represión.
Política 03/04/2024 RedacciónEl Gobierno nacional monitorea el accionar de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que inician hoy un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos.
Al respecto, en Balcarce 50 anticiparon que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
Un importante funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio en el marco del reclamo y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo. “Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”, argumentó la misma fuente.
“Mientras se respete la la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, planteó ante la agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
“Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, puntualizó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
El funcionario hace referencia al artículo 181 bis del Código Penal que establece penas de 3 a 5 años de prisión al que “empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere u alterare los términos o límites de la cosa inmueble, para ocupar la misma despojando total o parcialmente de la posesión o tenencia, o del derecho real constituido sobre él”.
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que “no va a dejar pasar” la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión. “Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
Denuncia de ATE
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil despidos, y prometió judicializar cada caso. “Es válido que lo hagan y están en su derecho”, se expresaron en las filas de la administración pública.
"Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", contó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de “provocar cesantías masivas en el Estado” e indicó que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".
El Presidente llamó a gobernadores, expresidentes y lideres de partidos políticos a "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las "diez políticas de Estado que el país necesita". Además, anunció el envío al Congreso de un paquete de leyes "anticasta".
No estará el Presidente en la reunión, pese a ser invitado por los mandatarios. Enviarán señales fuertes al gobierno: foro de legisladores de la región, Agencia de Desarrollo con eje en la energía y desmentida sobre "festival de gastos" de las provincias. Descrédito de convocatoria nacional: creen potencial implosión de DNU y ley para coparticipar impuesto al cheque romperá relaciones.
En la reunión se evaluó el impacto de las políticas del Gobierno nacional en las diferentes ramas de la actividad.
En medio de los cruces por las dietas de los legisladores en el Congreso, la diputada Victoria Tolosa Paz hizo públicos los aumentos en las redes.
Así lo señaló la fundadora de la Coalición Cívica- ARI en su cuenta de X, en un mensaje en el que advirtió que muchos de los que voten a favor "van a terminar presos por regalar negocios al sector privado monopólico, ligados a la política y a la casta económica".
El gobernador cuestionó al Presidente por el impacto recesivo y la caída de los recursos. "No se pueden gobernar las provincias sin un Estado nacional”, dijo.
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